América Latina y el Caribe en ruta hacia una revolución energética sostenible

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Con metas ambiciosas y avances notables, la región busca una transición justa, alineada con el Acuerdo de París, generando empleo y enfrentando desafíos de acceso eléctrico.

En América Latina y el Caribe, se viene gestando una transformación energética de gran envergadura, impulsada por factores tecnológicos, económicos, sociales y políticos. En ese contexto, la región se proyecta como un referente mundial en la transición energética justa, con la iniciativa Relac (Renovables in Latin America and the Caribbean) marcando el camino. Este acuerdo, respaldado por 15 países, establece la ambiciosa meta de que para 2030, el 70% del consumo de energía eléctrica provenga de fuentes renovables.

El potencial solar en países como Chile, Perú, México y Argentina, respaldado por cifras del Banco Mundial, señala que aproximadamente el 20% de la población mundial vive en zonas con condiciones excepcionales para la energía fotovoltaica. Esta abundancia ha resultado en un rápido aumento de la inversión, destacando a Brasil, México y Chile entre los 20 principales países del mundo en inversión en capacidad de energías renovables en 2019.

Los avances normativos y las hojas de ruta específicas para diversas fuentes de energía, como la eólica marina en Colombia, muestran un compromiso palpable. América Latina no solo está incrementando su capacidad instalada de energías renovables, que alcanzó 291.770 megavatios a fines de 2021, sino que también se une a la Alianza Mundial de Energía Eólica Marina. Además, la región se posiciona como un actor clave en la generación de hidrógeno verde, con países como Chile, Uruguay, Paraguay y Colombia trazando hojas de ruta para su implementación.

Estas inversiones no solo impulsan la descarbonización, sino que también presentan una oportunidad única para alinear los flujos financieros con el Acuerdo de París. La transición energética justa no solo significa cambios en la matriz energética, sino también en la economía y la generación de empleo. Limitar el aumento de la temperatura global a 2°C podría generar 15 millones de empleos netos en la región para 2030, según la Organización Internacional del Trabajo.

Aunque los países avanzan a ritmos diferentes, la transición energética justa se presenta como una oportunidad para aquellos menos dependientes de los combustibles fósiles. La entrada en vigor del Acuerdo de Escazú refuerza la participación ciudadana y la transparencia en proyectos de transición energética, crucial para evitar conflictos socioambientales.

Varios países ya han incorporado conceptos de transición energética justa en sus compromisos climáticos internacionales, marcando el camino para robustecer marcos de política a nivel sectorial. 

A pesar de los avances, la región enfrenta desafíos, como la falta de acceso a la electricidad para 17 millones de personas, principalmente en Centroamérica. Transformar la matriz energética de manera justa no solo implica un cambio tecnológico, sino también una reevaluación de la producción y consumo de energía, buscando un equilibrio entre los recursos naturales y la sociedad. La transición energética en América Latina y el Caribe no solo es una necesidad, sino una oportunidad para un cambio que resulte significativo y sostenible.

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