Cada vez más, Latinoamérica va mostrando un creciente interés en las inversiones sostenibles y en el desarrollo de una economía baja en carbono. En este contexto, las finanzas verdes van ganando impulso como una manera de fomentar el desarrollo sostenible y la mitigación del cambio climático, dirigiendo los flujos de capital hacia proyectos y actividades que sean ambientalmente responsables y socialmente beneficiosos como la energía renovable, la eficiencia energética, el transporte sostenible, la gestión de residuos, la agricultura sostenible y la conservación del medio ambiente. Además, implican también la incorporación de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) en los procesos de toma de decisiones financieras. Esto requiere evaluar los impactos ambientales y sociales de las inversiones, así como la gestión y divulgación de información relacionada.
Recientemente, el Ministerio del Ambiente de Perú aprobó una “Hoja de ruta de finanzas verdes” con el objetivo de acelerar la transición hacia una economía y finanzas verdes en el país. Esta herramienta busca incorporar consideraciones ambientales en la gestión estratégica, operativa y de divulgación de entidades financieras, aseguradoras y el mercado de valores. La hoja de ruta establecerá líneas de acción y participación para los actores involucrados, así como plazos y medios de implementación necesarios para concretar inversiones amigables con el medio ambiente. Esta iniciativa incluye a instituciones financieras intermediarias, aseguradoras, fondos de pensiones, bancos de desarrollo nacional y otras instituciones financieras no supervisadas.
Perú no está solo en este camino. El mercado de bonos verdes en Latinoamérica ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años. Según datos de Climate Bonds Initiative, la emisión de bonos verdes en la región alcanzó los 6.600 millones de dólares en 2020, más del doble que en el año anterior. Se espera que esta tendencia al alza continúe, ya que los gobiernos y las empresas buscan financiar proyectos sostenibles.
Además de este tipo de iniciativas, los gobiernos latinoamericanos están asumiendo compromisos sólidos en relación con las finanzas verdes. Por ejemplo, México se ha comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 22% para 2030, y Colombia tiene como objetivo aumentar la participación de las energías renovables en su matriz energética al 10% para el mismo año. Estos compromisos reflejan la voluntad política de impulsar la transición hacia una economía más verde.
Asimismo, los países latinoamericanos están fortaleciendo su marco regulatorio para promover las finanzas verdes. Por ejemplo, en 2019, Brasil lanzó su Programa de Energía y Clima, que tiene como objetivo movilizar 25.000 millones de dólares para inversiones en energías renovables y eficiencia energética. Estas regulaciones fomentan la inversión en proyectos sostenibles y proporcionan un marco claro para los actores del mercado. Los inversionistas en la región también están mostrando un creciente interés en las inversiones sostenibles. Según una encuesta realizada por BlackRock, el 63% de los inversionistas latinoamericanos considera que las inversiones sostenibles son una prioridad. Además, se estima que los activos bajo gestión con enfoque ESG en la región alcanzarán los 4,5 billones de dólares para 2025, según el Global Sustainable Investment Alliance.
Las finanzas verdes tienen un futuro prometedor en Latinoamérica. Las cifras y estadísticas respaldan este panorama positivo, destacando el potencial de crecimiento y el compromiso tanto de los gobiernos como de los actores del mercado en promover la transición hacia una economía verde. A medida que más inversores y empresas se suman a esta tendencia, se espera que las finanzas verdes desempeñen un papel cada vez más relevante en el desarrollo económico y ambientalmente sostenible de la región.
