
Los bajos salarios y el incremento en el costo de vida hace que cada vez menos jóvenes en la región tengan la posibilidad de adquirir una vivienda propia.
La crisis económica y el incremento en el costo de los bienes raíces en Latinoamérica han causado que comprar una vivienda se vuelva una aventura casi imposible de realizar para las nuevas generaciones.
Según un informe del portal especializado de Urbania y la Universidad Torcuato Di Tella de Argentina, las ciudades con los mayores índices de precios de inmuebles por m2 fueron Santiago, Chile, con un valor de US$ 3,571; Montevideo, en Uruguay, donde cuesta US$ 2,867; y Buenos Aires, Argentina, con un precio de US$ 2,570.
Sin embargo, a pesar de que en Ecuador y Perú son países con precios de viviendas menores a los del resto del continente, con US$1,072 y US$2,087 por m2 respectivamente, la inflación acumulada de 3.4% en Ecuador y del 4.3% en Perú genera una disminución del valor de los salarios y los ahorros reales, creando un muro económico incapaz de superar.
A pesar de que en los últimos 50 años el continente se ha desarrollado exponencialmente, la forma tan desordenada y poco planificada con la que ha crecido les ha quitado a los jóvenes latinoamericanos el sueño de poder adquirir una vivienda.
En declaraciones al diario español El País, el sociólogo chileno, Francisco Sabatini, y profesor de la Universidad del Bío-Bío, confirmó que la industrialización de la economía global, y la aplicación de políticas de libre mercado en Latinoamérica en los últimos 30 años han supuesto una explosión urbana “sin precedentes”, y que, asimismo, se ha traducido en un crecimiento desordenado y sin planificación urbana sostenible. Por su parte, el sociólogo peruano Julio Calderón Cockburn afirmó al medio que las nuevas políticas urbanas en América Latina aplicadas en los 90 dejaron de lado el modelo del Estado constructor, que, a lo largo de los años fue reemplazado por subsidios a la vivienda que se aplicaron en función de la demanda en países como Chile, México y Perú, o como afirma al diario El País, por un sistema de carga-beneficio (a manera de plusvalía) como sucedió en Colombia, que permite que el Estado capte fondos para nuevos proyectos.