Probablemente, uno de los principales desafíos en el uso de criptomonedas es la poca regulación que existe al respecto. Desde hace mucho tiempo, los gobiernos del mundo han intentado legislar al respecto para asegurar un mayor control de los criptoactivos.
Europa es quizás el líder en formalizar esta regulación forjando las bases para un conjunto de reglas que permita supervisar los intercambios digitales. Hoy por hoy, según la normativa europea, es obligatorio que las empresas de criptoactivos entreguen información sobre el origen y el beneficiario a las autoridades que se encuentren investigando actividades delictivas. Este es un acuerdo provisional que será parte del Reglamento sobre los Mercados de Criptoactivos, mejor conocido como Ley MiCA, que espera frenar los traspasos ilícitos y bloquear aquellos que resulten sospechosos. De lograrse un acuerdo en el diseño final de esta ley, con temas los tokens no fungibles (NFT), la supervisión y el consumo energético, la UE implementaría estas medidas a finales del 2023.
En Latinoamérica, el panorama es ligeramente distinto. Según los especialistas, la región se encuentra aún en un proceso de entendimiento inicial sobre el fenómeno, lo cual no permite aún establecer una normativa clara que abarque el total de los problemas a los que nos enfrentamos con respecto a los activos digitales. Este año, Brasil ha unificado cuatro proyectos de ley para la regulación de criptomonedas para dar transparencia a las operaciones y evitar la evasión fiscal y el lavado de dinero. De la misma manera, en Panamá ya existen dos proyectos de ley que regularían los criptoactivos como método de pago global alternativo para cualquier operación civil o comercial del país y otro proyecto que recomienda una regulación del bitcoin, ether, y tether, así como a otros tipos de token como lo son el NFT, y el 7UT. Chile también cuenta con una ley que, además de crear un ambiente que proteja a todos los actores que entran en juego, también exige una capacitación obligatoria a los especialistas que vendan criptomonedas. El resto de la región aún está en vías de definir los marcos de ley para la creación de un ambiente transparente y controlado pare realizar operaciones.
Los casos de El Salvador y Bolivia son excepcionales. El primero fue el primer país del mundo en definir al Bitcoin como moneda de curso legal, permitiendo abiertamente operaciones con criptomonedas. Hoy por hoy, es posible en El Salvador efectuar compras de bienes y servicios en criptomonedas libremente y sin ningún tipo de restricción. En el otro extremo está Bolivia, cuyo Banco Central prohibió el uso y comercialización de criptomonedas, constituyendo una ilegalidad penada por ley.
No cabe duda que la regulación de los criptoactivos es una necesidad para clarificar y definir las condiciones de este intercambio y permitir operaciones confiables y transparentes para todos. Un tema que debería estar en la agenda global para ser resuelto en un corto plazo.
