Reduce la pobreza en América Latina pero persisten los desafíos en la inclusión laboral

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Un informe de la CEPAL destaca una disminución al 29%, pero señala altos niveles de empleo informal y brechas de género persistentes.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) informó que el porcentaje de personas en situación de pobreza en la región disminuyó al 29% en el 2022, lo que equivale a 181 millones de personas. Esta cifra representa una reducción de 1,2 puntos porcentuales en comparación con el período previo al inicio de la pandemia de COVID-19. Además, la pobreza extrema se situó en el 11,2%, afectando a 70 millones de personas, manteniéndose en niveles similares a los de 2019. Estos datos fueron presentados en el informe “Panorama Social de América Latina y el Caribe 2023: la inclusión laboral como eje central para el desarrollo social inclusivo”.

El informe también destacó la reducción de la desigualdad de ingresos, medida por el índice de Gini, y la recuperación del empleo en la región. Sin embargo, la CEPAL advirtió que la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) esperada para 2023 en América Latina y el Caribe (1,7%) es significativamente inferior al 3,8% registrado en 2022 y podría descender incluso al 1,5% en 2024. Esta situación no permite prever nuevas mejoras en materia de pobreza para este año.

A pesar de la reducción de la pobreza en 2022, Salazar-Xirinachs señaló que más de 180 millones de personas en la región aún carecen de ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, y 70 millones no pueden adquirir una canasta básica de alimentos. La incidencia de la pobreza es especialmente alta entre la población infantil y adolescente, alcanzando el 42,5%, y también afecta más a mujeres, población indígena y personas que viven en zonas rurales.

Entre otros datos, el informe revela que la creación de empleo entre 2014 y 2023 ha sido la más baja desde la década de 1950, y la pandemia de 2020 resultó en una disminución del 8,2% en la creación de empleo, la única caída registrada en los últimos 70 años. Además, la mitad de las personas ocupadas en la región no cotiza en los sistemas de pensiones, y 1 de cada 2 se encuentra en empleos informales.

Aunque se observa una mejora en ciertas dimensiones de los mercados laborales entre 2020 y 2022, la región enfrenta una crisis en cámara lenta en cuanto a inclusión laboral. La CEPAL destaca la importancia de la inserción laboral en trabajos remunerados, pero subraya que se necesita acceso a empleos productivos, bien remunerados y con protección social para lograr la verdadera inclusión laboral, especialmente para mujeres y personas jóvenes.

En 2022, más del 39% de los hogares en la región dependían exclusivamente del empleo informal, afectando a 54,2 millones de hogares. Además, la mayoría de los niños y personas mayores viven en hogares completamente informales o mixtos (61,2%).

Aunque la desigualdad de ingresos disminuyó en 2022, sigue siendo elevada. El decil de ingresos más altos percibe 21 veces más ingresos que el decil de menores ingresos en América Latina. Además, la riqueza de 105 personas en 2021 representó casi el 9% del PIB regional.

El informe resalta las persistentes brechas de género en los mercados laborales. La participación laboral de las mujeres es considerablemente menor que la de los hombres, con una brecha del 22,6 puntos porcentuales en 2022. Las mujeres también enfrentan tasas de desocupación más altas, y la carga de trabajo de cuidados se identifica como la principal barrera para su inclusión laboral.

El estudio también señala que las personas migrantes han aumentado su presencia en los mercados laborales, contribuyendo a la economía y sociedad de los países de destino, pero enfrentan dificultades para la inclusión laboral debido a condiciones precarias e inestables.

En cuanto al gasto social del gobierno central, el informe indica que aumentó en respuesta a la pandemia, alcanzando su máximo en 2020, pero se ha reducido desde entonces. La CEPAL destaca la necesidad de mantener el crecimiento del gasto público social para garantizar la sostenibilidad financiera de las políticas de inclusión laboral.

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